El problema se presenta cuando el alcalde incluye una convocatoria para un segundo pleno a continuación del primero. En esa segunda convocatoria se presentan dos mociones. Una sobre Palestina presentada por EB y la otra de apoyo a una vecina ante un juicio por colaboración con ETA presentada por la izquierda abertzale (ilegalizada) y llevada al pleno por el propio alcalde (PNV).
Permitirme que me centre en esta segunda, porque la verdad, uno no sabe ni como se siente ante estas cosas.
La “señorita” en cuestión esta siendo procesada por pasar información sobre un servidor a ETA. Y claro, ahora se solicita al Ayuntamiento que se exija la suspensión del juicio, el pago de los gastos derivados del juicio y una denuncia publica por parte del ayuntamiento como gesto de solidaridad ante ella.
Por otra parte, desde el PNV se presenta una moción alternativa reivindicando los derechos humanos y su respeto, la presunción de inocencia, y la condena a las torturas, aprovechando de paso para defender el dialogo sin exclusiones y condenar la ley de partidos.
Evidentemente la moción que ha prosperado ha sido la del PNV, (Con el voto en contra del PSE y del PP y una preocupante abstención de EB en ambas).
La reflexión que me viene a la cabeza, mas allá de las connotaciones personales del caso en particular es la irracionalidad a la que hemos llegado, en la cual podemos ver como se defiende una postura ambigua, dejando deliberadamente a un lado a las victimas directas.
Para que luego digan que la atención a las victimas es una prioridad.
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